Del avance regulatorio al acceso efectivo para las personas refugiadas

Quienes trabajan en inclusión financiera suelen centrarse en productos, tecnología y canales de distribución. Sin embargo, para las personas refugiadas y solicitantes de asilo, los desafíos para acceder a los servicios financieros formales empiezan mucho antes, incluso antes de poder considerar el uso de un producto financiero. Comienzan con el entorno regulatorio.

Surgen preguntas clave como:

• ¿Pueden las personas refugiadas usar sus documentos de identidad para cumplir con los requisitos de “Conozca a su cliente” (KYC, por su sigla en inglés)? 
• Pueden registrar una tarjeta SIM o verificar sus credenciales a través de los sistemas existentes? 
• ¿Están tanto las personas refugiadas como los proveedores de servicios financieros al tanto de las regulaciones aplicables? 

Las respuestas a estas preguntas determinan si millones de personas desplazadas forzosamente pueden acceder a servicios financieros y participar en la economía formal.

Analizando el panorama regulatorio global 

Un nuevo análisis comparativo global de ACNUR que abarca 79 países ofrece una visión única sobre estos temas. El estudio examina los marcos legales y regulatorios que rigen el acceso de personas refugiadas y solicitantes de asilo a cuentas bancarias, registro de SIM, dinero móvil, billeteras digitales y pagos electrónicos.

Los hallazgos, presentados a través de un resumen global, cinco análisis regionales y un panel regulatorio de inclusión financiera, muestran un entorno regulatorio que avanza rápidamente hacia una mayor inclusión, aunque todavía con brechas importantes. Estos son cuatro aprendizajes clave:

Hallazgo 1: Un giro global hacia marcos regulatorios más inclusivos 

Uno de los hallazgos más claros es que los enfoques regulatorios en la mayoría de las regiones están siendo cada vez más inclusivos.

En América Latina y el Caribe, varios países han incorporado estándares internacionales y regionales de protección en su legislación. Brasil, Ecuador y Chile permiten cada vez más que las personas refugiadas -y en algunos casos también solicitantes de asilo- accedan a servicios financieros y digitales utilizando documentos reconocidos a nivel nacional. Además, se están realizando esfuerzos para sensibilizar a los proveedores y fortalecer la educación financiera de estas poblaciones.

En Europa, la base regulatoria también es sólida. La legislación de la Unión Europea ha establecido el acceso a cuentas de pago básicas como un componente de inclusión financiera para todos los residentes legales, incluyendo personas refugiadas y solicitantes de asilo. Aunque la implementación varía, el entorno regulatorio es en general favorable.

En África Subsahariana, los marcos regulatorios habilitantes y el crecimiento de ecosistemas digitales -especialmente el dinero móvil- han ampliado el acceso, aunque persisten desafíos en la implementación. Uganda, Etiopía y Malawi destacan por contar con marcos particularmente favorables.

En contraste, el avance ha sido más lento en gran parte de Asia y la región de Medio Oriente y Norte de África (MENA), donde el acceso sigue limitado por el reconocimiento legal restringido, requisitos de documentación estrictos y sistemas de identificación ligados a la nacionalidad o residencia.

Aun así, a nivel global, el panorama regulatorio es cada vez más favorable, y la inclusión financiera se reconoce como parte de políticas más amplias de inclusión económica y social.

Hallazgo 2: Persisten brechas en la implementación 

A pesar de estos avances, el acceso legal no siempre se traduce en acceso real.

Muchas barreras surgen no de restricciones explícitas, sino de la incertidumbre en la implementación. Las instituciones financieras y operadores móviles pueden dudar sobre la validez de documentos de personas refugiadas. El personal de atención puede no reconocer documentos válidos, y los procedimientos internos de cumplimiento pueden ser más estrictos que lo que exige la regulación.

Como resultado, incluso donde las normas parecen inclusivas, las personas refugiadas siguen enfrentando obstáculos.

La documentación y la verificación de identidad se destacan como el principal desafío. Aunque los marcos legales permiten el acceso, los sistemas financieros y de telecomunicaciones no siempre están preparados para hacerlo efectivo. Esto se agrava con retrasos administrativos y limitaciones de conectividad en zonas remotas.

Hallazgo 3: La situación desigual de las personas solicitantes de asilo 

Otro hallazgo importante es la brecha persistente entre personas refugiadas reconocidas y solicitantes de asilo.

En casi todas las regiones, las personas refugiadas cuentan con mayor acceso, en gran medida por disponer de documentación oficial que puede integrarse en sistemas nacionales. En cambio, las personas solicitantes de asilo dependen de documentos temporales que a menudo no son aceptados para KYC, registro de SIM o procesos digitales.

Como resultado, siguen siendo uno de los grupos más excluidos de los servicios financieros formales a nivel global.

Hallazgo 4: La digitalización como la próxima frontera 

La digitalización emerge como un factor cada vez más relevante en la inclusión financiera.

Las billeteras digitales, los pagos electrónicos, la apertura remota de cuentas y los sistemas de identidad digital están creciendo rápidamente, creando nuevas oportunidades para incluir a poblaciones desplazadas a gran escala.

Sin embargo, también generan riesgos. Si los documentos de personas refugiadas no pueden verificarse en estos sistemas digitales, la exclusión podría trasladarse -y profundizarse- en la infraestructura digital.

El futuro de la inclusión dependerá no solo de reconocer la documentación, sino de asegurar que funcione efectivamente dentro de estos ecosistemas digitales.

Mirando hacia adelante 

Este análisis global ofrece una perspectiva moderadamente optimista. El entorno regulatorio ha evolucionado significativamente en la última década: más países ofrecen vías legales, más reguladores abordan los desafíos de documentación y existen cada vez más ejemplos de buenas prácticas.

Sin embargo, el progreso sigue siendo desigual. Persisten brechas en la implementación, las personas solicitantes de asilo enfrentan mayores barreras y la digitalización presenta tanto oportunidades como riesgos.

La siguiente etapa dependerá menos de crear nuevas normas y más de hacer que las existentes funcionen en la práctica. En muchos países, el desafío ya no es si el acceso está permitido por ley, sino si esa intención regulatoria se traduce en un acceso real y significativo para las personas refugiadas y solicitantes de asilo.