En el Perú se han adoptado drásticas medidas para restringir el contacto social. Hay cuarentena total y obligatoria, y hoy más que nunca se nota la falta de una efectiva inclusión financiera y el alto costo que pagamos en una emergencia por ello. El gobierno anuncia rápidamente una transferencia de emergencia para población en situación de pobreza, pues las restricciones se traducen en que el grueso de la población urbana en situación de pobreza que trabaja como independiente en el sector informal (en el sector servicios y comercio sobre todo) no podrán salir a trabajar y por ende no generarán ingresos, sus familias pasarán hambre. Pero la transferencia demorará unos días -quizás más- en llegar porque no hay un canal digital para el envío de la transferencia a cada receptor (que está identificado con su documento nacional de identidad). Cuando se logre generar la logística para el envío de la transferencia (y se habiliten puntos de cobro) vendrá el desafío de lograr evitar la aglomeración durante el cobro (porque estamos promoviendo la distancia social). Si tuviéramos todos una cuenta, una tarjeta de débito o un teléfono conectado a dicha cuenta, podríamos hacerlo más rápido -en tiempo real- y sin que nadie salga de su casa, salvo para recoger los alimentos que podrá comprar con la transferencia. La inclusión financiera contribuye a mitigar los altos costos de las emergencias.