Inclusión financiera frente al COVID-19
La situación de emergencia impuesta por el COVID-19 ha puesto en evidencia las tareas pendientes para el Estado y el sector privado, como mejorar los niveles de inclusión financiera. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2019, 4 de cada 10 peruanos adultos cuentan con un producto financiero y, si bien el 37% tiene una tarjeta de débito, solo el 7% la usa para hacer compras.
Para controlar y reducir el contagio del COVID-19, el gobierno optó por declarar al país en estado de emergencia, lo cual implicó un aislamiento social obligatorio. Esta medida puso en pausa diferentes actividades económicas y afectó principalmente a los sectores más vulnerables. Ante ello, el gobierno anunció una serie de subsidios en la forma de bonos para los más afectados.
La implementación de estas medidas de protección social puso al relieve la importancia del sistema financiero como intermediario en el reparto de estos bonos. Sin embargo, los bajos niveles de inclusión financiera reflejados en el limitado acceso al sistema financiero por parte de la población, dificultaron la entrega de los bonos. Esto implicó un mayor uso del efectivo en el reparto y complicó el cumplimiento de las disposiciones de distanciamiento social.
Por otro lado, resulta trascendental mejorar la conectividad al servicio de Internet y adquirir habilidades digitales para adaptarnos y sostener la nueva normalidad y, especialmente, para mejorar el desenvolvimiento de las personas en el sistema financiero, haciendo uso adecuado de los productos y canales digitales. De acuerdo con la ENAHO, en el primer trimestre de este año, solo el 40,1% de los hogares del país tiene conexión a Internet.
En el presente documento, se describirá el escenario en el que se encontraba el Perú en términos de inclusión financiera al inicio de la pandemia, su evolución, la nueva normalidad impuesta por el COVID-19, la respuesta del sistema financiero, y las tareas pendientes.
