Nicaragua: Las Microfinanzas en los últimos diez años

En diciembre de 2006, las 20 Microfinancieras afiliadas en la Asociación Nicaraguense de Instituciones de Microfinanzas (ASOMIF),  servían a un total de  307.693 microempresarios que manejaban un total de US$ 178.886.200 con préstamos promedios de US$ 581.  En ese momento nos preparábamos para entrar en la época más difícil que hemos vivido en este sector, al tener que afrontar la fuerte reducción de recursos generada por la crisis financiera internacional de finales de esa década que inicio en el 2008, en adición a las dificultades internas creadas por el Movimiento de No Pago que nació en esos días y que se mantuvo por varios años.

Como resultado de ese periodo crítico, la mayoría de las IMFs limitamos nuestras operaciones de manera drástica, de manera que cinco años después, al cierre del 2011, la cartera estaba en US$ 163.810.300;  el número de préstamos también cayó a 242.687 y para poder sobrevivir fue necesario cerrar agencias en los municipios más pobres del país y contraer la cartera del sector agropecuario nacional.  Fue el periodo de resistencia para sobrevivir, lo que se logró gracias al compromiso y el sacrificio de todos los colaboradores de las instituciones que existían en ese tiempo, algunas de las cuales no soportaron las dificultades y cerraron sus operaciones.

La solución de esa crisis exigía la formalización del sector, lo que tenía como condición primaria la creación de una ley especial para las microfinanzas (Ley 769: Ley de Fomento y Regulación de las Microfinanzas), que tuvo como objeto principal estimular el desarrollo económico de la micro, pequeña y mediana empresa del país, así como regular la intermediación financiera y la prestación de otros servicios financieros a esos sectores.  Para estos fines, se creó la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI).  Los dirigentes del sector dedicamos todos nuestros esfuerzos a la elaboración de esa ley para que respondiera a las verdaderas necesidades del sector.

Habiendo desaparecido las circunstancias económicas y sociales que causaron la crisis, al inicio de la actual década ya hubo condiciones para iniciar una nueva etapa de crecimiento de las actividades de microfinanzas en el país, y así lo entendieron los proveedores internacionales de fondos, los que volvieron a acercarse a las instituciones que continuaron laborando.  Pero para ello fue necesario entrar a la nueva etapa de empresas reguladas, algo a lo que no estábamos acostumbrados y que exigió nuevos esfuerzos, capacitación y costos que pusieron nuevas presiones en todos.  Nuevamente se puso a prueba la capacidad de resistencia y compromiso del personal de la industria, de manera que las 24 afiliadas que integran ASOMIF en este momento presentan a diciembre 2016 una cartera aproximada de US$ 430 millones con 524.990 clientes, los que recibieron prestamos promedios de US$ 819;  todo esto significa que diez años después nuestras IMFs han ampliado su cobertura global atendiendo 217.000 (70%) más clientes que en ese momento y que manejan un saldo superior en US$ 250 millones (140%) que en el 2006.

Si bien esos indicadores son un prueba evidente del buen comportamiento de la industria en los últimos años y, por lo tanto, de su importante aporte al desarrollo del país, para el futuro inmediato se nos presentan varios retos que habrá que enfrentar con dedicación para asegurar que las microfinanzas continúan cumpliendo con su misión de apoyo al desarrollo de los sectores más pobres y necesitados del país. 

En primer lugar debemos estar vigilantes a que las nuevas dinámicas no nos aparten del enfoque social con que nacimos y que le dan sentido a todo el gran esfuerzo de la mayoría de las personas comprometidas con el sector.  En segundo lugar todas las IMFs deben enfocarse en la incorporación de nuevas e innovadoras soluciones tecnológicas que nos hagan más agiles y eficientes en la capacidad de servir a nuestros clientes, pero sin dejar que ellas nos alejen del contacto directo y la relación personal con los mismos.  Y en tercer lugar, habrá que trabajar intensamente en el proceso de reforma a la Ley 769, para que podamos perfeccionarla a partir de las experiencias vividas y que en la misma queden incorporadas los conceptos de gradualidad en la aplicación de las normas, y sobre todo la aplicación del derecho al ahorro que tienen nuestros clientes microempresarios.

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