El precio de un servicio financiero varía en función del producto, la institución, el contexto en el que opera la institución y las expectativas de ganancias. La mayoría de las instituciones financieras tratan de cubrir sus costos mediante cargos e intereses que cobran a los usuarios. No obstante, cuando atienden a clientes de bajos ingresos, a menudo surge la pregunta de cuál es el nivel de utilidades aceptable, o si corresponde obtener ganancias.

En el caso de los micropréstamos, las tasas de interés suelen ser mayores que aquellas que pagan las personas más ricas. El problema está en gran medida relacionado con el costo: se necesita mucho menos tiempo del personal para procesar un único préstamo de US$ 100 mil  que 1.000 préstamos de US$ 1.000 cada uno, por lo que el costo administrativo de un préstamo pequeño es mucho mayor como porcentaje del tamaño del préstamo. Además, las decisiones crediticias correspondientes a clientes sin garantías o salarios, no pueden tomarse sobre la base de una clasificación del crédito automática, por lo que exigen un nivel sustancial de participación de un oficial de crédito, que debe determinar el riesgo de cada préstamo. Muchas IMFs funcionan en zonas aisladas o con baja densidad de población, lo cual hace que los préstamos sean aún más caros.

Para no dejar de ser sostenibles, las instituciones deben determinar precios que permitan cubrir sus costos. Gran cantidad de instituciones que atienden a personas pobres tratan de maximizar la eficiencia de sus operaciones para mantener los costos en niveles bajos, y lograr un equilibrio adecuado entre el precio necesario para cubrir los costos y el precio que el cliente puede pagar. Los enfoques para la determinación de precios y las ganancias varían en función de las motivaciones de la organización, y se ha debatido mucho al respecto. Las preocupaciones acerca de la alta rentabilidad en el área de las microfinanzas suscitaron muchas iniciativas internacionales tendientes a mejorar la transparencia en la especificación de los precios y poner en vigor políticas de protección al consumidor, con el objetivo de que los consumidores puedan tomar decisiones fundamentadas. 

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